Colombia: Protesta indígena revela conflicto interno

Associated Press
En esta fotografía tomada el 17 de julio de 2012, indígenas Nasa atacan a soldados que custodian torres de comunicación en Toribío, al sur de Colombia. Los indígenas demandan la salida de su territorio tanto de la fuerza pública como de los guerrilleros de las FARC, que por años se han enfrentado por el dominio de esa región. (AP foto/William Fernando Martínez)
.

View gallery

TORIBIO, Colombia (AP) — La fila de indígenas Nasa de diminuta estatura y piel morena avanza a gran velocidad sobre una ladera de la escarpada montaña de 2.300 metros de altura como si fuera un grupo profesional de alpinismo.

Pero el reto no es conquistar la cúspide sino sacar del lugar tanto a la fuerza pública como a los guerrilleros de las FARC que por años se han enfrentado por el dominio de Toribío, en el norte del departamento de Cauca, un paso neurálgico para el movimiento de rebeldes y drogas hacia el centro y suroeste del país debido a que se ubica entre dos cordilleras y da acceso al Pacífico.

Los Nasa de Toribío, un poblado en medio de verdes montañas sembradas de marihuana, dicen que están hartos de quedar en medio de los combates y niegan las afirmaciones del gobierno de que algunos de sus miembros son agentes de la insurgencia y le están haciendo el trabajo sucio a las Fuerzas Armadas Revolucionariasde Colombia (FARC) al demandar la salida de su enemigo, la fuerza pública.

Voceros Nasa sostienen que no importa cuánto demoren, no darán marcha atrás en su reclamo, lo que ha puesto al gobierno del presidente Juan Manuel Santos ante uno de sus mayores retos políticos porque le agrega un componente social a la guerra que ya se libra en esa zona.

Incluso podría arriesgar su eventual reelección debido a que la seguridad pública es uno de los temas más sensibles entre los electores y la rebelión Nasa reaviva ante los ojos de los colombianos un conflicto interno al que no se le ve salida, dijeron funcionarios, analistas y activistas consultados por The Associated Press.

"A veces nos da la impresión de que ya casi no hay conflicto, que está muy lejos de nosotros", dijo Jordi Raich, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. "Pero el conflicto armado en Colombia continúa, sigue vivo", añadió.

Lo de Cauca "nos acerca de golpe... ese conflicto que a tanta gente le perecía tan lejos", sostuvo.

Por décadas el conflicto interno ha dejado miles de muertos a manos de paramilitares, la fuerza pública y las guerrillas con generaciones enteras sin conocer un solo día de paz. Y aunque desde 2004 la guerrilla fue replegada por una vasta ofensiva de la fuerza pública, las FARC aún actúan.

Lo sucedido en Toribío en los últimos días no figura entre los capítulos más violentos del conflicto, pero tiene el ingrediente de un grupo en rebelión, los Nasa, que advierten que no cejarán en su reclamo.

"Lo de Cauca no es un revés de tipo militar y de seguridad. Aquí no ha habido violencia extrema, no ha habido derrotas militares. Esto es una derrota de tipo político para el gobierno de Santos", dijo Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos.

La decisión de Santos de visitar Toribío la semana pasada "fue un absurdo... Cuando él llega allá con los medios de comunicación le muestran al mundo dos cosas: una, el Estado colombiano no controla ese territorio; dos, que la población de esa zona no respalda al presidente Santos", aseguró el senador opositor Jorge Robledo, del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo.

Los hechos de los últimos días "son un desgaste (político) para el gobierno" y revelan la "asombrosa incapacidad política que está demostrando Santos" para lidiar con el conflicto interno, añadió Robledo.

Santos, de 60 años, ganó la presidencia en 2010 gracias a los éxitos militares de su predecesor Alvaro Uribe (2002-2010), de quien fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009.

Pero los brotes de violencia han resurgido.

En Cauca se calcula que hay al menos 100 hectáreas de plantíos de marihuana. Por las noches, sobre las colinas de Toribío se ven las luces de los invernaderos que impiden que las plantas se "duerman" y estimulan su crecimiento, explicó el general Luis Pérez, director de la policía antinarcóticos. En todo el país los cultivos no llegan a unas 500 hectáreas.

Es claro, dijo Pérez, que las FARC tienen interés en la salida de la fuerza pública de Toribío porque de esa forma se evita el combate y el decomiso de drogas.

Los cultivos no pueden destruirse porque por ley antes de arrancarlos o fumigarlos debe hacerse una consulta con la comunidad, un proceso que todavía no concluye en Toribío, dijo Pérez.

Según Santos, se han interceptado correos electrónicos de jefes rebeldes en los que las FARC ordenan a sus miembros repartir panfletos entre los Nasa pidiendo la salida de la fuerza pública. Aunque aclaró que no quería decir que toda la dirigencia indígena era agente de la guerrilla, en un discurso el 18 de julio indicó que sí había una relación. "Sin acusar ni mucho menos a los indígenas de estar confabulados con las FARC... sí hay elementos donde conocemos que hay vínculos directos", dijo el mandatario sin ofrecer detalles.

Los líderes Nasa en Toribío lo niegan.

El viernes 6 de julio cayó una lluvia de granadas y morteros artesanales sobre el casco urbano de Toribío, ubicado a unos 320 kilómetros al suroeste de Bogotá, un caserío de pequeñas casas pintadas de blanco, verde esmeralda o azul índigo.

El hostigamiento guerrillero cesó temporalmente por la noche pero se reanudó a la mañana siguiente y continuó el domingo con un total de seis heridos y un centenar de personas desplazadas, según el alcalde de Toribío, Ezequiel Vitonás.

"Se nos rebasó la copa", dijo Marcos Yulé, gobernador indígena del resguardo Nasa de Toribío, al recordar que una granada cayó encima del puesto de salud de los indígenas.

Yulé, un hombre de 52 años, de baja estatura y pocas palabras, narró que los Nasa de Toribío, que conforman más de 90% de los 32.000 habitantes del poblado, decidieron actuar.

El 9 de julio un grupo de indígenas retiró los sacos de arena que formaban las trincheras frente a la estación policial y en varias calles y demandó el retiro de toda la fuerza pública y de la guerrilla de Toribío.

Dos días después recibieron entre abucheos al presidente que llegó de visita a la zona y le dijeron que se retirara a un pequeño grupo de guerrilleros que, en un despliegue de atrevimiento ante los cordones de seguridad del ejército y la policía por la visita del mandatario, instalaron un retén vial a apenas un kilómetro del poblado.

"Les dijimos que se fueran, que no molesten más", recordó Yulé.

Pero aún faltaba el puesto del ejército ubicado en la cúspide de una montaña a tres kilómetros de distancia de Toribío y donde los uniformados custodian tres antenas de comunicaciones y tienen una amplia visión tanto del poblado como de sus colinas cercanas y otros caseríos que han sido una región dominada por décadas por las FARC.

En fila y desde las seis de la mañana del 17 de julio, cientos de Nasa --que suman 115.000 personas en nueve municipios del norte del departamento de Cauca-- subieron a la montaña. Entre ellos iban los "guardias", hombres o mujeres voluntarios que tienen como distintivo un bastón de madera de palma decorado con cintas de colores pero que no pueden utilizar para golpear a nadie porque está prohibido por las normas de la etnia.

Cerca del mediodía un grupo de medio centenar de indígenas rodeó a seis militares que protegían sacos de pasta y arroz cerca de la pared de ladrillos que rodea las tres antenas. Entre empujones, al menos dos de los militares cayeron al piso y fueron arrastrados por los indígenas.

El resto de los indígenas reposaba sobre el pasto mientras los otros militares recogían sus cosas.

En un instante se escuchó una ráfaga de fusil hecha por unos de los militares rodeado por los indígenas que arrastraban al sargento Rodrigo García, de 31 años, quien estaba al frente del pelotón de 35 hombres que custodiaba la cima de la montaña.

Tras unos instantes de confusión, García y sus hombres recogieron sus cosas y al cabo de dos horas se replegaron a unos dos kilómetros de distancia.

Yulé, un veterano que fue gobernador indígena de Toribío entre 1999 y 2000, no se creyó el retiro. Tenía razón. Entre la medianoche del 17 de julio y la madrugada del 18 al menos medio centenar de militares y policías llegaron en helicópteros y retomaron el control del puesto arrojando gases lacrimógenos a unos 300 Nasa que se habían quedado para custodiarlo.

Al menos ocho indígenas resultaron heridos, ninguno de bala, dijo Luis Angel Penna, subdirector científico del hospital de Toribío, donde fueron atendidos.

Sin embargo, la situación estaba lejos de encontrarse bajo control.

En los días sucesivos dos campesinos murieron en dos distintas manifestaciones en poblados cercanos a Toribío: Caldono y Caloto. Las autoridades locales dijeron que los hombres reclamaban el retiro de la fuerza pública para evitar quedar en medio en caso de un ataque rebelde. Uno de ellos murió tras recibir un balazo del ejército y aún se investiga el origen del disparo que dio muerte al otro.

Las tensiones venían desde hace meses.

En mayo, el Nasa Julio Dagua, de 39 años, fue asesinado por la guerrilla que lo acusó falsamente de ser un delator al servicio del ejército en la zona de Monterredondo, en el municipio de Miranda, cercano a Toribío.

"El trabaja bien con el café", dijo su hermano Edgar Dagua, de 37 años, sentado frente a su casa de tablas de madera y techo de zinc perforado por las balas. "Lo declararon objetivo militar, desde hace mucho tiempo tenía amenazas... nos tendrán que matar a todos", agregó asegurando que no darán marcha atrás en su reclamo a los dos bandos.

Otros poblados del norte de Cauca han estado en relativa tranquilidad y su comunidad Nasa no se ha sumado a la protesta.

Leidi Julicue, de 21 años, se mostró en desacuerdo con el maltrato a los soldados ocurrido en el cerro.

"Este es mi territorio, pero no es ésta la manera de actuar. (Los soldados) deben salir pero no de esta manera violenta", dijo mientras miraba el desorden desde lo lejos.

Además de los críticos entre sus propios miembros, en Toribío también hay una resistencia callada, minoritaria: los "blancos" o "mestizos", los ciudadanos no indígenas, pobres cultivadores o medianos comerciantes, que tampoco quieren el retiro de la fuerza pública y se quejan en voz baja que Yulé y su gente los domina.

"¿Quién nos garantiza a nosotros que sacando a la fuerza pública van a sacar también la contraparte?", se preguntó James Arcila, un vendedor de celulares de 35 años.

Los Nasa están radicados principalmente en la zona rural mientras los no indígenas ocupan el casco urbano, que es el que sufre los hostigamientos, aseguró Arcila, desplazado de Toribío desde los ataques de comienzos de mes y que actualmente duerme en un albergue en una localidad cercana.

Junto a Arcila están otros desplazados de Toribío, entre ellos tres de los hijos de Jesús Leonidas Muñoz, de 66 años, un vendedor de carne en la plaza central de Toribío que murió por el estallido de un autobús colocado por la guerrilla en julio de 2011.

"Uno se siente cansado de este conflicto", dijo María Alejandra Muñoz, que como sus hermanos rechaza la salida de la fuerza pública de Toribío, donde nacieron y trabaja lavando ropa para sostener a sus tres hijos.

"Uno que más quisiera que hubiera paz en nuestro municipio", agregó su hermano Rubén Muñoz, también hijo del carnicero muerto.

¿Y entonces cómo se hace la paz?

"Si uno supiera la fórmula se le daría a los presidentes", sostuvo María Alejandra Muñoz. "Pero al momento no hemos dado con el enigma para solucionarlo".

-----

El corresponsal de The Associated Press Camilo Hernández, en Bogotá, contribuyó con esta información.

View Comments (6)