MEXICO (AP) — El secretario de Gobernación de México atribuyó el martes a la baja inversión pública en prisiones que realizan los estados federados el mortal motín y la fuga ocurridos recientemente en dos centros penales del estado de Nuevo León.
El secretario Alejandro Poiré señaló en rueda de prensa los factores por los cuales ocurrió "esta lamentable situación" en las prisiones estatales, entre los cuales citó la ausencia de infraestructura, "la violencia con la que las organizaciones criminales mantienen sus negocios en el interior de los centros penitenciarios" y la necesidad de "depurar y mantener controlados a los funcionarios de los centros de readaptación social".
Horas antes, tres reos fueron asesinados en el penal de Topo Chico, en la zona metropolitana de Monterrey.
El vocero de seguridad en el estado de Nuevo León, Jorge Domene, dijo que las víctimas habían ingresado el lunes al penal acusados de secuestro y de pertenecer a la banda de narcotraficantes Los Zetas. Dos personas han sido detenidas por las muertes.
En una de las peores masacres carcelarias registradas en México en los últimos 25 años, el sábado, varios miembros de Los Zetas masacraron con piedras y puñales a 44 reos de un cartel rival en la cárcel de Apodaca. En este caso, el alcaide, el jefe de seguridad y 18 custodios están detenidos y siendo investigados debido a que estaban a cargo de la sección en donde se produjeron la riña y la fuga de 30 reos que pertenecen al grupo Los Zetas.
El martes, los presos incendiaron colchones y basura en el penal cuando las autoridades anunciaron la transferencia de tres de ellos.
Una columna de humo gris se alzó del interior de la cárcel poco después del ingreso de varios agentes de la policía federal.
En el exterior, medio centenar de mujeres parientes de los presos encendieron una fogata con trozos de cartón y madera. Las mujeres lloraban y arrojaban piedras a los agentes que lanzaban agua al fuego desde atrás de un portón de alambre.
Poiré indicó que la investigación de lo sucedido es responsabilidad las autoridades de Nuevo León, pero que el gobierno mexicano les apoyará. "Garantizamos la seguridad perimetral de las instalaciones", añadió.
A criterio del secretario federal, el problema del sistema penitenciario mexicano es "estructural", aunque afirmó que "esa situación se está revirtiendo" a través de la "depuración de las corporaciones de seguridad y el control de los responsables de los centros".
Para el Secretario de Gobernación, además de la ausencia de infraestructura que caracteriza a los centros penales gestionados por los estados, la situación se explica en parte por "la violencia con la que las organizaciones criminales mantienen sus negocios en el interior de los centros penitenciarios" e hizo hincapié en "depurar y mantener controlados a los funcionarios de los centros de readaptación social".
La fuga del sábado en el penal de Apodaca, que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, calificó de "premeditada" habría sido difícil o imposible de lograr sin la ayuda de las autoridades de la prisión. El gobernador llamó "traidores" a los funcionarios presuntamente implicados. "Caerá el que tenga que caer y pagará el que tenga que pagar", advirtió.
Nueve guardias confesaron haber ayudado a los Zetas a escapar en medio de la confusión generada por el enfrentamiento entre Zetas y miembros del Cartel del Golfo que eran trasladados de un pabellón a otro del penal.
Entre los fugados se encuentra Oscar Soriano, conocido como "La araña", líder de los Zetas en Monterrey.
El gobierno estatal ofreció una recompensa de 10 millones de pesos (unos 782.000 dólares) por datos que permitan ubicar a los prófugos de Apodaca, cuyos nombres y fotografías divulgó.
Medina solicitó a las autoridades federales que trasladen prisioneros a otros penales para disminuir la sobrepoblación actual en el de Apodaca, situado en el área metropolitana de Monterrey, la tercera ciudad más grande del país.
Poiré coincidió con lo solicitado por el gobernador de Nuevo León y declaró que "es indispensable retirar a los reos más peligrosos de los penales estatales" y "el objetivo es que la totalidad de los reos de delitos federales estén bajo capacidad federal" ya que "ninguno de los incidentes tuvo lugar en un centro gestionado" por la secretaría bajo su responsabilidad.
México sólo tiene seis prisiones federales y canaliza a muchos internos peligrosos a cárceles estatales sobrepobladas y mal equipadas. El narcotráfico, la portación de armas y el lavado de dinero son considerados delitos federales en el país.
"El sistema carcelario mexicano está colapsado", dijo Raúl Benítez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México que estudia asuntos de seguridad, para quien algunas de las cárceles estatales son controladas por el crimen organizado.
Un sorprendente caso de corrupción permitió una masacre cuando guardias de una cárcel del estado norteño de Durango, permitieron que miembros de un cartel salieran del recinto, les prestaron armas y vehículos oficiales para que llevaran a cabo asesinatos relacionados con la droga, incluida una masacre con 17 víctimas en una discoteca. Posteriormente los internos regresaron a sus celdas, donde estaban a salvo de represalias.
En julio, en la cárcel de la ciudad fronteriza de Juárez, murieron 17 presos. Las cámaras de seguridad mostraron cómo los guardias miraron pasivamente mientras dos internos les quitaron las llaves, abrieron las celdas y tirotearon a miembros de una banda rival que aparentemente celebraban una fiesta con mujeres y alcohol.
Datos presentados por Poiré mostraron que al inicio de la administración de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, del total de 210.000 reos, sólo 3.164, el 1,5%, se encontraban bajo fuero federal. Actualmente la cifra es de 18.283, lo que supone un 8% de los más de 230.000 reos encarcelados en las prisiones mexicanas, que tienen capacidad para unos 185.000.
Anunció que para diciembre de 2012, el gobierno federal espera que finalice la construcción de ocho nuevos penales, que sumados a los seis existentes, tendrían capacidad para recluir a 47.000 internos, la totalidad de los reos de delitos federales. La inversión aprobada por el gobierno para asumir esta tarea asciende a 32.822 millones de pesos.
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