Alta corte colombiana falla contra alcalde

BOGOTA, Colombia (AP) — Una alta corte colombiana falló el martes contra las más recientes demandas a favor del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, con lo que el burgomaestre agotó los últimos recursos jurídicos locales para permanecer en el cargo.

Tras el fallo, ahora queda en manos del presidente Juan Manuel Santos emitir en un plazo de 10 días un decreto que designe un alcalde interino, que ha dicho firmara porque así lo contemplan las leyes.

Santos no comentó de inmediato el fallo en contra de Petro, que fue destituido por la Procuraduría hace más de tres meses.

Petro, ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), tiene ahora como último recurso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le conceda, antes que Santos emita el decreto, las medidas cautelares que solicitó a fines de 2013 para que se suspenda su destitución.

Un par de horas después de conocerse la decisión judicial en su contra, el alcalde participó en un evento en la Alcaldía de Bogotá y dijo que "no sabemos si el sistema interamericano nos protegerá o no. Si no lo hace no nos quedará un solo centímetro cuadrado de justicia que nos proteja".

Según dijo, muchos pensarán y querrán que ahora él y sus seguidores opten por la violencia. Sin embargo, enfatizó, "la responsabilidad que hoy tenemos es la de no escribir otra página de violencia... Pero ahora le corresponde a la ciudadanía bogotana toda resistir".

Sobre la eventual decisión que tomará Santos en su caso, Petro indicó que "si la justicia nos protege en el día de mañana..., entonces el presidente de la República tendrá una responsabilidad que tomar, que no imploramos; él tendrá una decisión que tomar, pero esta vez con el pueblo movilizado en toda Colombia".

Sobre el procurador Alejandro Ordóñez, Petro sostuvo que era un funcionario "de pequeños quilates democráticos" y agregó que, a diferencia de Ordóñez, él no tenía amigos personales en las altas cortes que fallaron en su contra.

Más temprano, María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes del país, informó que la decisión fue tomada por 15 votos a favor y ocho en contra.

"El derecho a elegir y ser elegido (como alcalde) no anula la facultad disciplinaria... de las autoridades a ejercer esa facultad disciplinaria", dijo la magistrada al explicar que falta que, para entrar en vigencia o ser ejecutado, el dictamen debe ser escrito, firmado y notificado a las partes en un proceso que puede demorar dos semanas.

Rojas declinó comentar qué sucedería si antes del decreto de Santos la CIDH emite sus medidas cautelares.

El caso comenzó el 9 de diciembre de 2013, cuando la Procuraduría General destituyó al alcalde y le prohibió hacer política durante 15 años debido a que a finales de 2012 el funcionario cambió por decreto el sistema de recolección de basura de Bogotá para entregarlo a la empresa estatal de aguas, lo que según normas colombianas son "faltas gravísimas".

Según el procurador Ordóñez, tal medida de Petro violó normas de la libre competencia y libre empresa y causó que se acumulara la basura durante tres días en la mayor ciudad colombiana, de ocho millones de habitantes.

El alcalde lo niega y mantiene que el procurador, considerado un ultraconservador, tomó una decisión política.

El dictamen del procurador, que fue ratificado en enero, fue impugnado por los abogados de Petro y sus seguidores antes varias instancias judiciales en una larga cadena de fallos a favor y en contra hasta agotarse los recursos.

"La ciudad en el menor tiempo posible debe proceder a elegir nuevo alcalde y eso, a mi juicio, es la prioridad y eso está en manos del gobierno nacional", dijo en diálogo telefónico Jaime Castro, analista político y ex alcalde de Bogotá (1991-1994). "Hay unos temas críticos: el tema de movilidad con la crisis que está viviendo el Transmilenio (sistema de autobuses), hablando de soluciones de carácter inmediato, y hay temas de seguridad y yo diría que esos dos temas serían fundamentales en este momento". La decisión del Consejo "saca a la ciudad del laberinto político, jurídico e institucional en la que ha estado en los últimos meses", agregó.

Por su parte, el experto constitucionalista Juan Manuel Charry dijo por teléfono que Petro parecería imposibilitado de argumentar ante instancias internacionales que no tuvo recursos para defenderse porque "lo que demuestra, a pesar de lo criticable del mecanismo (de tutela o demanda) es que la situación del alcalde ha sido estudiada por las tres más altas corporaciones judiciales (de Colombia)...si eso no es garantía estamos mal porque es el único personaje a que estas tres altas corporaciones judiciales...le revisara su situación" o caso.

El procurador Ordóñez ha sancionado a decenas de funcionarios, alcaldes, gobernadores, entre otros, de distintas tendencias, con sanciones similares.

Aún se desconoce quién podría ser nombrado alcalde interino de Bogotá.