Medicaid pagó 12 mdd por servicios a muertos
CHICAGO (AP) — El programa Medicaid de Illinois pagó una cifra calculada en 12 millones de dólares por servicios a personas que aparecen como muertas en otros registros estatales, según un memorando interno del gobierno estatal.
El memorando con fecha del viernes, que The Associated Press obtuvo a través de una solicitud sobre la base de la Ley de Libertad de Información, indica que el auditor estatal comparó en junio pasado bancos de datos de personas inscritas en el Medicad —el programa gubernamental de servicios médicos para personas pobres— con los registros de fallecimientos del estado desde 1970. Los auditores identificaron pagos por servicios a aproximadamente 2.900 personas después de la fecha de su muerte.
Los directores de los departamentos de Salud y Servicios a la Familia, y Servicios Humanos, las dos entidades estatales que manejan los pagos del Medicaid, presentan las medidas para solucionar el problema en un memorando a su personal. El memo indica que de esa cifra se han recuperado más de 7 millones de dólares y que se espera recuperar el resto antes de finales de este año.
El senador Dale Righter, republicano por Mattoon y el legislador de mayor rango de su partido en materia de la reforma del Medicaid, dijo que lo ocurrido es una prueba más de que los argumentos de los demócratas de que han hecho todo lo posible por enderezar el sistema de pagos del programa son "retórica vacía".
"Es decepcionante y molesto para los contribuyentes, pero no es una sorpresa", dijo Righter. "Ojalá este gobierno dedicara más tiempo a tratar de solucionar los problemas en vez de convencer a los contribuyentes de que ya están resueltos".
La oficina del gobernador Pat Quinn no respondió de inmediato a llamadas y mensajes para conocer su opinión.
Los republicanos han presionado para que el estado use una compañía privada con el fin de verificar si una persona puede recibir servicios en el Medicaid o no. La firma Maximus Health Services fue contratada para limpiar las listas de beneficiarios del programa federal y estatal de salud para personas de bajos recursos después de la ley de reforma del programa en 2012.
Pero el contrato entre la compañía y el gobernador Quinn terminó el año pasado y esa labor se pasó a los empleados estatales, después que el mayor sindicato de empleados públicos del estado objetó y un árbitro falló que el contrato debía terminar.
