Texas mantiene secreto sobre droga de ejecuciones

HOUSTON, Texas, EE.UU. (AP) — Dos días antes de que Texas ejecute a su primer recluso con un nuevo lote de fármacos, la agencia penal del estado seguía determinada el martes a mantener en secreto a su abastecedor, argumentando amenazas de violencia contra las empresas que venden las drogas usadas en las inyecciones letales.

Desde que obtuvo nuevos suministros de pentobarbital hace dos semanas, el Departamento de Justicia Criminal de Texas había mencionado preocupaciones de seguridad no especificadas como justificación para negarse a revelar la fuente y otros detalles del sedante que planea usar en las ejecuciones.

Pero en un documento presentado ante la fiscalía general del estado, Patricia Fleming, una asesora jurídica del sistema de prisiones de Texas, argumentó que un abastecedor en otro estado recibió una amenaza específica de violencia física.

"Un individuo amenazó con hacer estallar un camión lleno de fertilizantes junto a una farmacéutica que suministraba substancias usadas en ejecuciones", dijo Fleming.

Por tanto, alegó, la solicitud presentada por el abogado de un condenado a muerte sobre la identidad del productor del fármaco no debe ser aprobada.

En varios estados han surgido dudas sobre la fuente de los fármacos en las inyecciones letales luego que numerosos productores —particularmente en Europa, donde existe la mayor oposición a la pena de muerte— se han negado a vender sus productos si van a ser empleados en ejecuciones.

Eso ha llevado a varios sistemas de prisiones en Estados Unidos a acudir a farmacias de fórmulas magistrales, que no están tan reguladas por el gobierno federal como las farmacias convencionales.

Un lote de pentobarbital que Texas le compró a una de esas farmacias en un suburbio de Houston expiró al final de marzo. Esa farmacia se negó a venderle al estado más drogas, diciendo que recibió amenazas tras revelarse públicamente su nombre. Eso llevó a Texas a su nuevo abastecedor, no revelado.

Pero un abogado del recluso Ramiro Hernández Llanas, que va a ser ejecutado este mes, presentó un pedido de información ante el Departamento de Justicia Criminal el 11 de marzo sobre el nombre de ese abastecedor. La agencia tenía hasta el 25 de marzo para proveer los documentos, fijar una fecha para proveerlos o solicitar una decisión de la fiscalía que le permitiese no revelar la información.

En las tres opiniones previas, la fiscalía había instruido a la agencia que difundiera los datos sobre los fármacos.